Inicio este hilo porque me parece necesario ahondar en este tema que preocupa a la ciudadanía, más aún en estos momentos de crisis.
La PAO en este sentido no inventa nada, sino que recoge las propuestas de las Bases para la elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental. Entre estas propuestas se dice que los diputados provinciales serían los que componen la asamblea parlamentaria, evitando un alto número de sueldos en representación, gabinetes, coches oficiales y demás. También propone que la administración periférica de AO sería llevada por las propias Diputaciones Provinciales, así se evitaría la duplicidad actual delegados-diputados de la misma materia.
Pero creo que hay muchas otras fórmulas que se pueden tratar para hacer más eficiente la futura comunidad autónoma. Pongo la siguiente noticia, situada en el actual momento de crisis, pero que hace reflexinar sobre cómo tiene que funcionar nuestra futura comunidad autónoma en algunos aspectos.
http://www.abcdesevilla.es/20100310/nacional-andalucia-actualidad/sobraran-funcionarios-junta-tendria-201003100148.html«Si sobraran funcionarios en la Junta no tendría que haber empresas públicas»
Rafael Hurtado de Mendoza, presidente del sindicato CSIF en Andalucía. Lamenta que en tiempos de penuria económica los gobernantes miren a las nóminas de los funcionarios para meter la tijera. «Estamos dispuestos a ser solidarios —dice— pero no a cargar con toda la crisis»
Rafael Hurtado, en un momento de la entrevista. ROCÍO RUZPOR JOSÉ CEJUDO Actualizado Miércoles , 10-03-10 a las 13 : 12En 2012 concluye su segundo y, aunque los estatutos le permiten continuar, último mandato, porque cree que con dos periodo es suficiente para cumplir el programa que él y su equipo se propusieron. Para entonces ya se habrán celebrado las próximas elecciones sindicales, Aunque CSIF nació como un sindicato exclusivamente para los empleados públicos, en 1990 abrió sus puertas a los trabajadores de la empresa privada, donde admite que está teniendo ciertas dificultades para consolidarse.
—¿Qué implantación tiene CSIF en Andalucía?
—Tenemos unos 55.000 afiliados. Y de ellos, 10.000 son de empresas privadas. El resto son funcionarios.
—¿Cuál es la trayectoria de su sindicato?
—Nosotros nacemos en 1977, pero cuando se nos da la personalidad jurídica propia es en 1978. Al principio éramos sólo y exclusivamente un sindicato de funcionarios, y nos llamábamos CSF, Confederación Sindical de Funcionarios. Sin embargo, en 1988, cuando las autonomías emprendieron un proceso de desarrollo, se abre un nuevo panorama en la administración pública y surge con mucho ímpetu el régimen laboral. Fue entonces cuando admitimos en el Congreso de Barcelona, en 1988, ser también el sindicato de los laborales dentro de la administración. Un año antes, en las elecciones, sindicales, fuimos la central más votada y 1990 hicimos una fusión con CSI, el sindicato independiente mayoritario dentro de la privada y hasta hace poco éramos CSI-CSIF. Y en 1990 comenzamos a implantarnos de lleno en la empresa privada, aunque no hemos alcanzado las cotas que imaginábamos, es la verdad, aunque en Andalucía sí son importantes, sobre todo en la construcción y en empresas semipúblicas, como o Egmasa.
—¿Ve posible a corto plazo un acuerdo entre los sindicatos y la Junta sobre la denominada Mesa General del Empleado Público y su trasposición a Andalucía?
—Después de la rueda de prensa conjunta que ofrecimos CSIF, UGT y CC.OO. a principios del mes de febrero, (en la que se habló de posibles movilizaciones), la Consejería de Justicia y Administración Pública nos convocó inmediatamente a una mesa de negociación donde todos cedimos y llegamos a un preacuerdo. Posteriormente nos vuelven a convocar para firmar y horas antes de la reunión recibimos un escrito de la Consejería cambiando sustancialmente el contenido. Fuimos a la reunión, pero con el ánimo de no firmar. Como el que había negociado todo era el viceconsejero, José Antonio Ortiz, y había sido desautorizado, lo que tenía que hacer era presentar su dimisión.
—¿Cuáles son los puntos que impiden el consenso?
—Queremos que el acuerdo alcanzado en Madrid entre los tres sindicatos y el Gobierno central se aplique en Andalucía con la idea de que aquí no seamos menos que cualquier trabajador de la administración del Estado. Hay una subida del 0,3 por ciento para 2010 y la creación de un fondo de pensiones que la Junta no está dispuesta a dotar. Hemos estado varios años planteando por qué los empleados de la administración del Estado tienen este fondo y nosotros no, y ahora que parecía que lo habíamos conseguido, vienen y se echan atrás.
—¿La Junta tiene un número suficientes de funcionarios? ¿Sobran? ¿Faltan?
—Siempre se habla de que somos mucho. Si sobraran no tendrían que externalizar los trabajos en empresas públicas y meter a gente sin pasar por la criba de las oposiciones o de pruebas y sin justificarlo ante el Parlamento. En las empresas públicas o semipúblicas el dinero se gasta sin un control adecuado. Si realmente hay muchos funcionarios en la Junta no tendrían que haber empresas públicas. Y cualquier consejero delegado de esas empresas externalizadas cobra más que el presidente de la Junta.«Actualmente, la mayoría de los jóvenes andaluces lo que quieren es ser funcionarios. Será por seguridad, porque desde luego no es por el dinero»—En tiempos de crisis los gobiernos se fijan en las nóminas de los funcionarios para congelar o recortar sueldos. ¿Le parece justo?
—Es totalmente injusto. Ahora con la crisis se ha vuelto a hablar de que hay que congelar los salarios de los empleados públicos. Este año se nos ha subido el 0,3 por ciento. En la privada, los sindicatos y la patronal han firmado un acuerdo para subir el 1 por ciento. De momento, ya tenemos un 0,7 por ciento menos. Sin embargo, cuando había suficiencia económica nadie se acordó de que los funcionarios llevaban seis años cobrando el 2 por ciento de incremento, muy por debajo del sector privado. Es totalmente injusto que al funcionario se le quiera echar la carga de la crisis. Y siempre hemos estado dispuestos a ser solidarios y a cargar con parte de la crisis, pero no con toda.
—¿El funcionario está bien pagado?
—Hay muchos que no llegan a los mil euros. Y los mejor pagados están sobre los 2.500.
—¿Les compensa con tener una seguridad laboral?
—Actualmente, la mayoría de los jóvenes andaluces lo que quieren es ser funcionarios. Será por seguridad, porque desde luego no es por el sueldo.
—¿Cree que esta situación puede cambiar, que en la empresa pública se apliquen reducciones de plantilla como en el sector privado?«Del sueldo de un alto cargo de una empresa pública viven diez funcionarios»—Nosotros vamos a luchar para evitarlo. Además, la Junta de Andalucía no tiene fuerza moral para despedir a los laborales (trabajan en la administración pero sin las prerrogativas del funcionario de carrera). Y la razón es muy sencilla. Hay 147 empresas públicas con muchísimos altos cargos. Por tanto, antes de despedir trabajadores hay que reducir el número de empresas públicas, de los altos cargos y de los sueldos de éstos. Del sueldo de un alto cargo de una empresa pública viven diez funcionarios. Aunque el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está diciendo que habrá que hacer algo con los empleados público, yo le aconsejo que primero empiece por los altos cargos de las empresas públicas.
—¿A los funcionarios se les controla la productividad?
—La Junta de Andalucía implantó hace años un sistema de productividad que se está llevando a cabo. Pero no se está haciendo en función del mérito o de la capacidad. Se están utilizando otros baremos. Y por otra parte, todos los funcionarios cuando acuden al trabajo fichan, y si alguien abusa la responsabilidad es de su jefe. Eso es algo que también ocurre en la empresa privada.
